Arrimar el hombro con equidad

Hace unas semanas empecé esta columna hablando de esa nueva ilustración que muchos piensan que aparecerá cuando hayamos superado la crisis del Covid-19. Decía que en la era post-coronavirus seremos todos más buenos, será más fácil que nos pongamos de acuerdo; y será tan obvio que los contratos deben cumplirse que ya no los escribiremos; nos conformaremos con que alguien nos dé su palabra. Ahora que ha empezado la campaña de la renta, ¿creen Vds. que en 2021 se defraudarán menos impuestos? ¿existirán menos de esas estructuras llamadas de optimización fiscal?

En las últimas semanas hemos oído mucho que deberemos dedicar más recursos a la sanidad, pero para dedicarlos antes deberemos contar con ellos; y no tengan dudas: la mejor forma de conseguir ingresos, la más equitativa, y la que más seguridad jurídica ofrece, es la fiscalidad. Claro que pagar duele, y los impuestos excesivos desincentivan la inversión y el ahorro, pero al menos están fijados en las leyes, en normas que todo el mundo conoce, pueden preverse e incorporarse a los planes de las empresas, y los recauda una autoridad pública con capacidad de sancionar a quien no cumpla.

Además de los impuestos, la industria farmacéutica y de productos sanitarios ha venido soportando, en los últimos años, una serie de costes que han aparecido a través de medidas que se aprobaron con voluntad de atender a una coyuntura específica y que se han perpetuado. Un buen ejemplo son las aportaciones sobre el volumen de ventas de medicamentos y/o productos sanitarios dispensados en oficinas de farmacia; o los descuentos obligatorios sobre los precios máximos de financiación de medicamentos y productos sanitarios.

Además de todo ello, las compañías farmacéuticas asociadas a Farmaindustria han asumido compromisos de pago en el caso de que el gasto farmacéutico público total del Sistema Nacional de Salud en el segmento de medicamentos originales no genéricos supere la tasa de crecimiento del PIB real de la economía española. Pocos días antes de decretarse el estado de alarma, el BOE publicaba el acuerdo de prórroga, hasta el 30 de junio de 2020, del Convenio de colaboración entre la administración y Farmaindustria donde se contemplan esos compromisos de pago.

La cláusula sexta del acuerdo de prórroga señala que las partes van a colaborar en la elaboración de un nuevo Convenio con el objetivo, entre otros, de reflejar en el mismo la implicación de todas las entidades involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto farmacéutico público.

En el contexto actual, este Convenio plantea al menos dos interrogantes de gran calado. En primer lugar, ¿tiene sentido mantener el parámetro de la tasa de crecimiento del PIB real de la economía española? Todo apunta a que en 2020 esta tasa va a ser negativa, y si algo estamos aprendiendo estos días es que los medicamentos son parte de la solución, no son el problema. En segundo lugar, ¿tiene sentido que la industria farmacéutica sea quien asuma, una vez más, el grueso de la contribución a la sostenibilidad del sistema?

Llegan tiempos en los que será necesario arrimar el hombro todavía un poco más, y lo justo sería que lo hagan, equitativamente y de forma transparente, todos los proveedores que facturan productos o servicios al SNS, no sólo quienes suministran medicamentos.