No todo vale y menos en Sanidad

Buena parte de los lectores coincidirán conmigo en que la crisis, que, bien es cierto, viene azotando con especial crudeza a la región europea desde hace ya algunos años, no puede convertirse en el sempiterno pretexto para que los gobiernos se salten alegremente los estrictos controles que el Derecho europeo comunitario impone en materias tan sensibles como la protección de la salud de los ciudadanos. Las alarmas han saltado con la decisión de las autoridades italianas de financiar el uso de ciertos fármacos en indicaciones terapéuticas para las que no han sido evaluados ni autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, atendiendo a razones de corte exclusivamente económico, y pese a existir alternativas cuya eficacia y seguridad sí han sido adecuadamente testadas.

La Efpia ha tenido que salir al paso de estos dislates, y ha instado a la Comisión Europea para que tome cartas en el asunto y garantice que los Estados miembros respetan el marco regulatorio comunitario y no anteponen las consideraciones meramente financieras a la salud y seguridad de los pacientes. La federación de asociaciones e industrias farmacéuticas alerta también sobre los efectos devastadores que podría llegar a generar el clima de inseguridad jurídica propiciado por este tipo de iniciativas. En un momento, además, en el que la inversión empresarial en la región europea es más necesaria que nunca. Ya me dirán quién estará dispuesta a invertir millones de euros y décadas de esfuerzo en proporcionar nuevas armas terapéuticas a la sociedad si no se garantiza el respeto a las reglas del juego y un mínimo retorno a la inversión.

Y es que olvidamos con demasiada facilidad que el marco regulatorio europeo se articula en torno un delicado equilibrio entre el necesario estímulo a la inversión y la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud. Es por ello que el derecho comunitario contempla medidas para incentivar la competencia facilitando la irrupción de genéricos en el mercado una vez transcurrido un periodo de tiempo suficiente para que las compañías innovadoras puedan rentabilizar su inversión. A lo que se añade que la legislación de muchos países, como es el caso de Italia, o de España sin ir más lejos, permite la intervención de los precios de los medicamentos financiados por el sistema público, sin prácticamente interferencia alguna por parte de la legislación comunitaria, o los acuerdos de compartición de riesgos en función de los resultados.

Existen ya en nuestras leyes, por tanto, mecanismos más que suficientes para graduar el impacto económico de la introducción de nuevas terapias biotecnológicas, sin necesidad de alterar el delicado equilibrio que tanto ha costado encontrar. Una cuestión de la que convendría que tomaran buena nota algunos representantes de nuestras Comunidades Autónomas, demasiado ansiosas por seguir ejemplos poco recomendables como el italiano, y que parecen querer retrotraernos a tiempos pretéritos y al tristemente famoso “que inventen ellos”. Las Administraciones Públicas no están por encima de las leyes. Y las dificultades presupuestarias que muchas de ellas atraviesan –no siempre por culpa de la crisis, todo hay que decirlo- no justifican en modo alguno esta actitud del “todo vale”. Tarde o temprano tendremos una desgracia, y entonces los fervientes defensores de estas iniciativas irresponsables se dedicarán a mirar para otro lado como si no fuera con ellos. Al tiempo.