Sin luz aún al final del túnel

La financiación de nuestro sistema sanitario sigue acaparando buena parte del protagonismo en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado recientemente presentados al Congreso de los Diputados. Como también era de esperar, no han tardado en surgir voces desde diferentes grupos que advierten de la insuficiencia de las partidas de gasto destinadas a los servicios sanitarios, y que abogan, entre otras medidas, por presupuestar partidas más generosas que permitan financiar el acceso a las nuevas terapias y fármacos.

Las noticias sobre la ralentización de la recuperación en la zona euro, frenazo que terminará repercutiendo también en nuestra economía pese a las valientes reformas emprendidas, parecen apuntar más bien a un escenario poco proclive a la reanudación de las políticas expansivas de gasto seguidas en el pasado. A día de hoy parece poco probable que las partidas destinadas a financiar la innovación vayan a ser redimensionadas al alza de forma significativa. Al menos a corto plazo.

Esta aún delicada situación de la economía hace temer que nuestros gestores públicos seguirán sucumbiendo a la tentación de financiarse a través de medidas coyunturales en materia de financiación y precio de los medicamentos, que descargan el peso del ajuste en las espaldas de nuestra maltrecha industria. Un escenario radicalmente opuesto al marco estable y predecible que vienen prometiendo desde hace años los distintos gobiernos, independientemente de su color, y que el que suscribe, pese a los muchos años dedicado a este sector, no termina aún de vislumbrar por ninguna parte.

En este contexto, la eliminación de los mecanismos que dotaban de una mínima continuidad en el tiempo a las decisiones sobre precios ha tenido un efecto devastador para la confianza del sector. Suprimida la previsión de la Ley 29/2006 que impedía revisar el precio de un medicamento hasta que hubiera transcurrido un año desde su aprobación o desde su última revisión, es factible encontrarse en la absurda situación de que el nuevo precio de un medicamento, fijado, por ejemplo, a través de la última orden de precios de referencia, pueda verse revisado a la baja con carácter inmediato o transcurridos tan sólo unos pocos meses. Si a ello se añade una demasiado frecuente falta de transparencia en torno a las decisiones sobre precios, y la falta de información sobre las líneas generales de la futura reglamentación en materia de precios en la que tenemos depositadas tantas esperanzas, no parece que el panorama resulte alentador para atraer las inversiones foráneas de las que tan precisados estamos. Por no hablar del efecto distorsionador provocado por algunas comunidades autónomas empeñadas en hacer la guerra por su cuenta y en despojar de contenido a las decisiones de la Administración General del Estado en materia de financiación y precio.

Queda, no obstante, cierto resquicio para la esperanza. Sería muy deseable que la ronda de contactos que está manteniendo el ministerio con las autonomías en torno al futuro real decreto de precios, sirva para encauzar los esfuerzos de todas las administraciones en una misma dirección, renunciando a aventuras unilaterales de dudoso encaje legal como las subastas andaluzas y muchos otros ejemplos. Los precedentes, no obstante, no invitan al optimismo. Esta misma idea fue la que presidió la adopción del famoso Real Decreto-ley 8/2010, y poco tardó en volar por los aires la voluntad de consenso en aquella ocasión.