Hacia una mayor coordinación también en el terreno nacional

Hace poco recogía esta publicación una interesante entrevista con la eurodiputada Dña. Soledad Cabezón, ponente del informe del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a la evaluación de las tecnologías sanitarias en el territorio comunitario.

La propuesta de la Comisión pivota sobre una evaluación conjunta de las nuevas tecnologías sanitarias, de acuerdo con una metodología publicada y común para todos los Estados, y sobre la obligada asunción por los estados de los resultados de ésta. Se persigue evitar duplicidades en la evaluación de estas tecnologías, mejorando el funcionamiento del mercado interior, y potenciando la competitividad de las industrias sanitarias al dotarlas de un marco regulatorio más predecible. Objetivos que, tal como se destacaba en la entrevista, no implican renunciar a otros fines importantes como garantizar el acceso de los pacientes a las más modernas tecnologías, sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas públicos. Las enmiendas que ahora propone el Comité del Parlamento Europeo se orientan a superar las dificultades y recelos que entrañan los mecanismos de mutuo reconocimiento, reforzando la mayoría cualificada de dos tercios que será necesaria en el grupo de coordinación integrado por las distintas autoridades nacionales para aprobar las conclusiones de la agencia nacional designada para llevar a efecto la evaluación.

La entrevista, no obstante, pone el dedo en la llaga cuando hace referencia a la contradicción evidente entre el hecho de que a nivel europeo se plantee como prioridad irrenunciable reforzar la cooperación y mutuo reconocimiento entre las autoridades, mientras que en nuestro país sigue sin ponerse coto definitivo a ciertas prácticas autonómicas con las que productos ya evaluados debidamente e incluidos en la prestación farmacéutica del sistema se ven sometidos a reevaluaciones y otras medidas que terminan traduciéndose en inequidades en el acceso dependiendo del lugar de residencia.

El famoso Informe de Posicionamiento Terapéutico, elaborado por la AEMPS con expertos autonómicos, y mediante el que se determina el lugar en terapéutica de cada medicamento en comparación con sus alternativas, estaba llamado a paliar en parte esta indeseable situación. Dicho objetivo, no obstante, dista mucho de haberse logrado completamente. A día de hoy seguimos enzarzados en recurrentes debates sobre la obligatoriedad de ajustarse a lo dictaminado en este informe, cuando lo cierto es que la Ley 10/2013 no puede ser más clara al respecto. Su Disposición adicional tercera dispone que las decisiones al respecto se adoptarán sobre una “base técnica común para todo el Sistema Nacional de Salud”, que no es otra que la recogida en dichos informes, que, como también señala esta ley, “tendrán carácter vinculante”. Bien está que se avance en la coordinación entre Estados, pero ello no debe hacernos olvidar el mucho trabajo que queda todavía por hacer a nivel doméstico.