Una nueva oportunidad

Dejamos atrás un año particularmente difícil para el sector, que, desde luego, no nos ha dejado demasiados motivos para volver la vista atrás con añoranza. A los duros ajustes que han tenido que asumir industria y distribución, y a los retrasos en el pago a los proveedores por parte de las administraciones, se ha venido a sumar por añadidura el caos generado por algunos gobiernos autonómicos empeñados en cuadrar sus cuentas en detrimento de la legalidad vigente y de las reglas del juego.

El cataloguiño gallego, el acuerdo marco andaluz, o los algoritmos valencianos son sólo algunos ejemplos de la peligrosa deriva a la que venimos asistiendo en los últimos años. Por no hablar de otras actuaciones por la vía de los hechos aún más escandalosas. Como el despropósito de forzar la prescripción de medicamentos que en ocasiones ni siquiera están autorizados para el tratamiento de la patología, o el establecimiento de obstáculos burocráticos más o menos disimulados que terminan impidiendo el acceso de los pacientes a los tratamientos innovadores.

Desde esta columna nos hemos referido en innumerables ocasiones a los serios riesgos que conlleva esta forma de gestionar la cosa pública a costa de la seguridad jurídica. Al tratarse de un valor intangible seguramente habrá quien crea que nada ocurre por prescindir de ella. A fin de cuentas, se dirán, corren tiempos difíciles y el fin justifica los medios. Nada más peligroso que esta línea de razonamiento. La seguridad jurídica constituye, ni más ni menos, que la piedra angular de todo Estado de Derecho. Y, si me apuran, de la prosperidad presente y futura del país. Sin un mínimo respeto a las reglas del juego difícilmente puede construirse un entorno en el que resulte atractivo emprender una aventura empresarial que genere riqueza y nuevos puestos de trabajo. Y muchos menos atraer la inversión exterior de la que tan necesitados andamos. Ya me dirán ustedes como puede convencerse a los operadores internacionales para invertir en centros productivos o de investigación en nuestro país, si no les ofrecemos un marco jurídico mínimamente estable y predecible.

No todo son malas noticias, sin embargo. El acuerdo alcanzado entre el gobierno central y valenciano para modificar el polémico Decreto Ley 2/2013 de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, evitando así que esta norma tenga que llevarse ante el Tribunal Constitucional, muestra que es posible hacer las cosas de forma diferente, y permite albergar la esperanza de que terminaremos retornando a la senda del sentido común. Y, por otro lado, las tímidas mejoras que parecen observarse en los indicadores económicos ayudarán sin duda a evitar nuevas iniciativas unilaterales que tan caras pueden terminar saliendo. Ahora toca desandar el camino emprendido al amparo del anterior Decreto Ley, derogando por ejemplo, en pro de la seguridad jurídica, precisamente, las famosas instrucciones sobre metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes.