“Sostenella y no enmendalla”

El empecinamiento de las autoridades andaluzas en llevar adelante la subasta de las mal llamadas “alternativas terapéuticas equivalentes”, sigue sumando rechazos de los diferentes agentes. A las críticas del Gobierno, de la industria, y de las sociedades científicas y profesionales más relevantes, se viene a sumar ahora la oposición frontal del Defensor del Pueblo por poner en jaque el principio de igualdad entre los ciudadanos.

La queja de la Sociedad Española de Medicina Oncológica ha encontrado el pleno respaldo de esta institución, que no ha dirigido una carta admonitoria a las autoridades sanitarias andaluzas solicitando que se modifique o deje sin efecto el Acuerdo Marco 4001/13 de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones. Entiende el Defensor del Pueblo que la iniciativa atenta contra el principio de equidad en el acceso de los pacientes a las prestaciones del SNS, pilar fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema sanitario, así como contra la libertad de prescripción de los facultativos, tal como quedó configurada por la legislación vigente y la jurisprudencia de los tribunales.

La respuesta de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, sin embargo, no permite albergar demasiadas esperanzas de que por parte de los responsables autonómicos se vaya a poner freno a esta peligrosa deriva. Al menos hasta que los tribunales ordinarios tomen cartas en el asunto.

El problema es que el voluntarismo con el que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía revisó la primera convocatoria de la subasta, pasando de puntillas sobre las graves disfunciones que introduce la iniciativa en el reparto competencial y, lo que es más importante, en la esfera de los derechos de los pacientes, parece haber convencido a las autoridades andaluzas de la bondad de su iniciativa y de sus posibilidades de prosperar.

Esta especie de ceguera autoimpuesta, esta insistencia en romper con las reglas pasando por alto las objeciones legales que le han sido puestas de manifiesto una y otra vez a la Consejería, y que tarde o temprano harán encallar la iniciativa, requiere de una explicación. Si la política es o debería ser el arte de lo posible, aforismo anónimo pero tremendamente certero, la Junta de Andalucía, sin embargo, parece adoptar como divisa el “sostenella y no enmendalla” con el que los hidalgos de antaño insistían en el error creyendo equivocadamente que en ello les iba el honor. Pareciera que el asunto ha terminado por reducirse a un intento de marcar distancias a toda costa con la política farmacéutica del Gobierno, de distinto signo político.

Aún cuando ello pueda ir en detrimento  los intereses y el bienestar de los pacientes andaluces, que debería constituir la real y primera preocupación de las autoridades autonómicas.

No obstante, esta falta de visión de conjunto no es privativa obviamente de la región andaluza. Otras comunidades autónomas emprendieron aventuras similares en su día, como el famoso euro por receta, por ejemplo, y se han visto obligadas a dar marcha atrás siguiendo lo indicado por los tribunales. Con el problema añadido de tener que hacer frente a importantes indemnizaciones por los perjuicios causados innecesariamente. Tarde o temprano terminará produciéndose una situación similar con estas subastas. Al tiempo. Y todos terminaremos pagando nuevamente de nuestro bolsillo la irresponsabilidad y alegría con las que algunos abordan temas tan serios.