Los precios y los juegos

La tramitación del nuevo Real Decreto de financiación y precios de medicamentos promete.

Recientemente, el subdirector general de Calidad de los Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, realizó unas declaraciones públicas en las que aseguraba que con esta nueva reglamentación se van a acabar los ‘juegos’ que supuestamente hace la industria farmacéutica en los procedimientos de decisión de fijación de precio. En todos mis años como abogado dedicado al sector farmacéutico no recuerdo ni una sola ocasión en la que una compañía farmacéutica me haya preguntado sobre cómo puede ‘jugar’ con el procedimiento de precios de medicamentos en España. Por contra, sí me han preguntado en varias ocasiones, especialmente desde otros países, si se podía actuar de alguna forma efectiva contra los ‘juegos’ de la Administración española en este asunto. Hay algunos de estos juegos que son muy interesantes.

El primer juego de la administración fue institucionalizar que el procedimiento de reembolso y precio se iniciaría de oficio por el Ministerio de Sanidad y no a instancia de parte por las empresas. Muchos en la industria farmacéutica pensaron que esto era bueno para coordinar las actuaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) con las del ministerio y no vieron el juego: en los procedimientos que inicia la   Administración, la regla general es que el silencio tiene efectos negativos, mientras que si el procedimiento lo inicia una empresa, la regla general es que el silencio tiene efectos positivos.

Otro juego que la Administración ha practicado con maestría en los últimos años es el de la petición de información adicional. En los procesos de revisión de precio ya concedido, si transcurren 90 días desde la solicitud sin que la administración resuelva, la empresa tiene derecho a comercializar el producto al precio solicitado. Aquí el silencio es positivo porque así lo manda la Directiva 89/105 europea de transparencia. En muchos casos, la administración para el reloj solicitando informaciones banales, sin relevancia alguna para el expediente, o que ya posee o puede obtener fácilmente por su cuenta. Al enviar un fax pidiendo que se aporten estos nuevos datos, los funcionarios consiguen ganar 90 días más.

¿Quieren saber de más ‘juegos’? También es habitual que, después de haber tenido un dossier encima de la mesa durante meses y meses, la administración comunique una prórroga adicional del plazo para resolver alegando una supuesta sobrecarga de trabajo.

Esto sí que son juegos de verdad, aunque hay más de los que acabamos de nombrar. Si después de seguir jugando, llegado el tiempo de descuento, la compañía farmacéutica en cuestión no se aviene a lo que propone la administración, la resolución que suele dictar el Ministerio de Sanidad suele limitarse a decir que no se acepta el precio propuesto por la compañía porque el producto ha quedado incluido en una lista anexa al acta de la reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos donde figuran los no aceptados.

La motivación de la decisión brilla por su ausencia a pesar de que las normas europeas y españolas vigentes obligan al ministerio a motivar sus decisiones en base a criterios objetivos, no discriminatorios y verificables. No nos hablen de ‘juegos’, por favor, que ya somos todos mayorcitos.