El fin nunca justifica los medios

Es evidente que algo no acaba de funcionar del todo bien en nuestro país cuando la Junta de Andalucía se permite el lujo de descalificar públicamente el recurso de la industria farmacéutica frente a la nueva subasta de medicamentos, la cuarta ya, asegurando que este supone un “ataque” contra la sanidad pública andaluza.

¿Pero es que alguna persona que tenga dos dedos de frente puede plantearse seriamente que la industria farmacéutica o la Administración General del Estado, para el caso, no tienen mejores cosas que hacer en este momento que intentar dificultar la gestión del ejecutivo autonómico o perjudicar a sus pacientes por pura malicia?

Lo cierto es que este nuevo episodio protagonizado por la Junta de Andalucía no pasaría de mera anécdota, una boutade más de la administración autonómica en beneficio de la parroquia local, de no revelar en un análisis más detenido una concepción un tanto preocupante sobre el ejercicio del poder. Una concepción del poder que parece considerar totalmente justificable que se subordine el respeto a las reglas del juego a la particular visión del ejecutivo autonómico de turno sobre lo que constituye el interés general, en su plena convicción de que el fin siempre justificará los medios empleados.

Últimamente parecemos olvidar con demasiada facilidad que el buen funcionamiento de todo sistema democrático se basa, siempre en última instancia, en un respeto estricto al imperio de la ley. Nuestro sistema legal actual, conviene tenerlo siempre muy presente, constituye la única defensa de la que dispone el administrado frente a los excesos del poder, imponiendo límites a quienes lo detentan, arbitrando mecanismos para que todos los ciudadanos puedan defenderse ante un uso arbitrario del mismo, y situándolo en un plano de igualdad (al menos en teoría) frente a la todopoderosa maquinaria de las administraciones públicas.

Tildar de “ataque” lo que no es sino un uso perfectamente legítimo de los mecanismos previstos por el legislador para que el administrado pueda defender sus derechos, evidencia un evidente déficit de cultura jurídica y constituye una gran irresponsabilidad por parte de quien tiene encomendado, precisamente, velar por el respeto a los derechos de los administrados en su conjunto.

Bastante preocupante resulta ya el empecinamiento del ejecutivo autonómico andaluz en un sistema de subastas de medicamentos que presenta muy serias dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico, como para que además se pretenda deslegitimar con argumentos rayanos en la demagogia una actuación de los administrados que, esté de acuerdo con ella o no la Junta de Andalucía, debería haberle merecido siempre el mayor de los respetos.

Este último episodio, lamentablemente, evidencia que, a día de hoy, todavía nos queda un largo trecho por recorrer en la consolidación de una cultura pública que conciba al administrado como un igual, y no como mero sujeto de la voluntad y el capricho del poder.

Evidentemente no siempre será fácil conciliar todos los intereses en juego, pero la gestión responsable de la cosa pública y la protección de los intereses generales de todos los ciudadanos no están en absoluto reñidas con el respeto a los derechos individuales y a las reglas del juego.