El pacto

Sin duda una de las noticias que ha acaparado la atención mediática en los últimos días ha sido el pacto por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, recientemente suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria.

El acuerdo alcanzado ha levantado una expectación perfectamente legítima, pero para los que llevamos algún tiempo en esto no resulta fácil desprenderse de una cierta sensación de déjà vu, y del temor a que, una vez más, los frutos no estén a la altura de las expectativas que previamente se habían generado.

Y es que, más allá del merecido reconocimiento a la industria farmacéutica por su esfuerzo ante el aluvión de medidas desplegadas para la reducción de la factura en medicamentos, los compromisos asumidos por la administración central nos recuerdan demasiado a promesas una y mil veces repetidas en tiempos pasados y que fueron una y mil veces incumplidas posteriormente.

Es innegable que la patronal del sector se ha anotado un buen tanto al comprometer de una vez por todas al Ministerio de Sanidad en el seguimiento del acceso efectivo a la innovación en las diferentes regiones, y también en aspectos tan relevantes como el control de su deuda hospitalaria. Pero tampoco puede dejarse de lado que compromisos bastante similares fueron anunciados a bombo y platillo en el pasado con escasos resultados prácticos.

Por no hablar de que antes que un compromiso asumido en justa correspondencia al esfuerzo de la industria, las actuaciones prometidas ya se hallan en buena medida implícitas en las obligaciones que competen al ministerio en su labor de coordinar y garantizar el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad efectiva y con independencia de su lugar de residencia. La clave del acuerdo, a mi juicio, la constituye el compromiso por parte del ministerio de dotar al sector, de una vez por todas, de un marco jurídico estable y predecible.

Un escenario con vocación de permanencia a medio y largo plazo, que permita a los operadores económicos pergeñar sus planes de negocios e inversiones con un mínimo de certidumbre y de tranquilidad, sin que las proyecciones económicas deban arrojarse a la basura cada seis meses debido a la aprobación sorpresiva de un nuevo real decreto-ley.

El problema, claro está, radica en que la promesa de estabilidad seguirá siendo un mero desiderátum en la medida en que algunas comunidades autónomas perseveren en su empeño de hacer la guerra por su cuenta y en su escaso o nulo respeto a las reglas que rigen sobre este juego.

Hasta el momento, las iniciativas emprendidas para poner fin a estas actuaciones unilaterales no han sido todo lo eficaces que hubiera sido deseable. Las subastas andaluzas siguen su curso pese a la amenaza de inconstitucionalidad que pende sobre ellas, y, de hecho, el Servicio Andaluz de Salud amenaza ahora con prolongar por las bravas, y sin soporte legal alguno, la eficacia del convenio suscrito en el año 2012. Tampoco las autoridades valencianas parecen haber extraído las conclusiones correctas de sus conversaciones con el ministerio, y parecen más que dispuestas a volverse a enredar en la maraña legal de los famosos algoritmos terapéuticos. Teniendo todo esto en cuenta, ya me dirán ustedes qué cesto puede tejerse con semejantes mimbres.