Un astronauta y la evaluación de HTA

La semana pasada, Carlos Rodriguez nos ofreció, en EG, una crónica completa acerca de la consulta lanzada por la Comisión Europea en materia de evaluación de las tecnologías sanitarias (HTA). El núcleo de la consulta gira en torno a la idea de si merece la pena o no que Europa siga financiando acciones conjuntas en materia de evaluación de tecnologías sanitarias cuando todo parece indicar que las administraciones nacionales prestan más bien poca atención a los esfuerzos que se realizan en este terreno a nivel europeo. El plazo para contestar al cuestionario de la Comisión finaliza el 17 de enero, de modo que hay tiempo para pensarlo y dedicarle unas horas.

La crónica sobre esta consulta apareció a los pocos días del fallecimiento del astronauta John Glenn, que ocurrió el 8 de diciembre. A John Glenn se le atribuye una frase que me parece de una potencia mayúscula, también exportable al ámbito sanitario, en especial a la evaluación de las tecnologías sanitaria: “Cuando me lanzaban al espacio, no dejaba de asaltarme un pensamiento: cada parte de este cohete ha sido suministrado por quien ofreció el precio más bajo”.

El pensamiento del astronauta podría bien aplicarse a los pacientes. Ahora bien, en el ámbito del medicamento, al paciente que se encuentre sentado en la camilla podemos ofrecerle cierta tranquilidad. “No sufra”, podríamos decirle, “la eficacia y seguridad del producto que le están inyectando ha sido evaluado por una agencia independiente, que valora la evidencia científica que se le presenta, sin entrar en consideraciones de tipo económico”. El paciente siempre podrá dudar sobre si lo que le están dando es lo mejor que existe; o si la prescripción del médico ha quedado condicionada por restricciones presupuestarias; pero al menos sabrá que el producto se presenta con sólidas garantías de evaluación previa. Por eso mismo, al hacer un ejercicio de evaluación económica de un medicamento, no se debería concluir que un producto autorizado carece de eficacia o que presenta problemas de seguridad que desaconsejan su utilización. Siempre será posible un cierto análisis de eficacia y seguridad relativa, lo cual implicará un ejercicio de comparación que debe realizarse con las debidas cautelas, y de buena fe; pero excluir de la financiación de un medicamento negándole la eficacia o seguridad que ha sido reconocida por la agencia evaluadora del mismo es del todo improcedente.

En otros ámbitos donde no existe la evaluación previa con el rigor que se aplica a los medicamentos, la preocupación del astronauta es perfectamente comprensible y debería servir de inspiración a los órganos que diseñan los pliegos de condiciones que deben regir la contratación de ciertos servicios sanitarios. Tratándose de sanidad, no es justo que los pacientes, que bastante tienen con su dolencia, se enfrenten a las dudas del astronauta. Para ello es esencial que, en las licitaciones, la puntuación de los elementos cualitativos prime respecto de la puntuación otorgada a la oferta económica; que en la valoración de las ofertas participen los profesionales sanitarios adecuados; que se tenga en cuenta el punto de vista de los pacientes; que se instauren mecanismos realmente eficaces de seguimiento de la calidad del servicio prestado, y que se establezcan criterios que permitan descartar las ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas. La administración, como cliente, debe estimular la competencia; pero como gestora del Sistema Nacional de Salud debe velar porque dicha competencia se centre especialmente en la calidad de los servicios.