Un buen punto de partida para la modernización del sistema de financiación de medicamentos

Los cambios a los que venimos asistiendo en el ámbito de las terapias farmacológicas sitúan a nuestro sistema sanitario ante el gran reto de nuestra época: garantizar la sostenibilidad de un sistema sanitario tan ambicioso como el nuestro, en un escenario caracterizado por la irrupción continua de nuevas herramientas de alto valor terapéutico, pero de elevado coste, debido a las elevadísimas inversiones que exige su investigación y desarrollo. La tarea no es baladí. Exige conjugar intereses muy diversos e importantes, y las medidas que se adopten no sólo deberán acomodarse a la normativa europea y al ordenamiento nacional, sino que deberán conciliar los intereses de la AGE con los de las CC.AA. Todo ello en un momento en el que los gestores públicos se ven enfrentados, como nunca antes, a la necesidad de priorizar los objetivos y optimizar los recursos disponibles.

Este escenario demanda reflexión en la identificación de los objetivos a conseguir, finura en su plasmación jurídica y rigor en la toma de decisiones. Y lo cierto es que la regulación actual de los procedimientos para decidir sobre la financiación y precio de los medicamentos en nuestro país no está en absoluto preparada para lidiar con este panorama. Dicha regulación data nada menos que de tres décadas atrás, y el fracaso europeo en la aprobación de una nueva Directiva de Transparencia, así como el encallamiento en 2015 del proyecto de RD en materia de financiación pública de los medicamentos no han contribuido a dotarnos de un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos que corren. La situación, por si fuera poco, ha venido a complicarse además con la crisis que nos ha azotado, y que ha llevado a los distintos gobiernos a legislar a golpe de ocurrencia, sin plan preconcebido alguno, mediante la figura del Real Decreto-ley.

En este escenario poco alentador resulta una noticia excelente que se haya dado luz verde, aunque sea con siete años de retraso, al Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica. Este grupo de expertos de reconocido prestigio (coloquialmente llamados los “siete magníficos”) deberá abordar el diseño de un procedimiento para la evaluación clínica y económica de los medicamentos, el desarrollo de los IPT y la revisión de los criterios de fijación de precios, poniendo coto a la falta de rigor y transparencia de la que venían adoleciendo muchas de las decisiones de la CIPM en los últimos tiempos. Que la presidencia del grupo haya recaído en una personalidad de la talla y prestigio profesional del Profesor Félix Lobo es, además, una inmejorable noticia, que nos llena de optimismo respecto al éxito de las difíciles tareas que deberá afrontar el nuevo comité.