Estrategias farmacéuticas

“Estrategia” es, según la RAE, un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. En un sector como el del medicamento, tan altamente regulado, es habitual que los reguladores adopten una estrategia, en el caso del Gobierno de España la “Estrategia de la Industria Farmacéutica” o, a nivel europeo, la “Estrategia farmacéutica de la UE” adoptada por la Comisión. También Cataluña, donde se concentra una parte sustancial del sector, dispondrá pronto de una, el llamado “Plan Integral de Política del Medicamento” (Pipmed). Este documento, que ha sido hace poco presentado por el Área del medicamento del Departamento de Salut de la Generalitat de Cataluña, define la estrategia en materia farmacéutica dentro del sistema sanitario público catalán.

Aunque aún debe ser aprobado formalmente por el Govern, ha sido sometido en su elaboración a un proceso participativo que incluye a profesionales sanitarios, pacientes y otros agentes implicados, buscando cumplir con los principios de gobernanza participativa y transparencia administrativa. El Pipmed establece 40 acciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos años, con evaluaciones periódicas, lo que lo convierte en una herramienta de planificación normativa con implicaciones legales para todo el sector. Según se indica, entre sus objetivos está garantizar la equidad en el acceso al medicamento, lo que representa una exigencia constitucional vinculada al derecho a la protección de la salud (art. 43 CE).

El plan también aborda el gasto público en medicamentos, que representa nada menos que casi el 25 % del presupuesto sanitario catalán, y promueve decisiones basadas en evidencia, optimización de recursos y responsabilidad compartida en el tratamiento farmacológico. A grandes rasgos, el Plan se estructura en cinco líneas estratégicas:

1. Gobernanza participativa del medicamento, que busca reforzar la legitimidad de las decisiones sanitarias mediante mecanismos de consulta pública.
2. Toma de decisiones con base en la evidencia, que trata de vincular la política farmacéutica a criterios técnicos y jurídicos de eficacia y eficiencia.
3. Gestión clínica compartida, que podría dar lugar a nuevos protocolos de actuación clínica y a cambios normativos en la prescripción, incluyendo la indicación enfermera.
4. Modelo territorial integrado, que plantea la reorganización de competencias entre niveles asistenciales y la colaboración público-privada, especialmente con oficinas de farmacia.
5. Evaluación y rendición de cuentas, que pretende reforzar el principio de control del gasto público y la medición de resultados en salud mediante el uso de datos en la vida real.

Esperemos que este conjunto de reglas que, en este caso, se aprobará ahora en Cataluña, permita realmente adoptar las mejores decisiones regulatorias ante todos aquellos retos a los que se enfrenta el sector del medicamento, y que todo ello se haga dentro del marco competencial establecido entre Estado y CCAA en este ámbito. Seguiremos de cerca este asunto para ver cómo efectivamente se implementa en la práctica.