Legislar es un reto, hacerlo bien es difícil

Llevo días pensando en la columna que escribió el director de El Global, Antonio Nieto, hace unas semanas en su columna semanal ‘El hashtag’ sobre el entorno legislativo de la sanidad (ver EG núm.685).Estoy de acuerdo con él que a veces la acumulación de normas hace que su cumplimiento sea farragoso y complicado. También estoy de acuerdo, en este caso parcialmente, con la reflexión previa realizada por José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): las normas que regulan la sanidad pública española son demasiadas y más nos valdría cumplirlas que aprobar nuevas legislaciones.

Asimismo, me parece razonable sostener que existen demasiadas normas, pero también creo que todos debemos ser prudentes al valorar la situación actual. En mi opinión, sobran normas y faltan leyes. Sobran muchos textos que regulan cuestiones como si se tratase de normas cuando su valor jurídico es más que dudoso. El sistema está plagado de circulares, instrucciones, guías, incluso de cartas de algún departamento ministerial; a las cuales cada uno se aferra según mejor le conviene. También sobran las disposiciones que se encajan, con calzador, en la tramitación de reales decretos-ley, como sucedió con el artículo 7 del Real Decreto-ley 16/2012 relativo a la manipulación y adecuación de preparaciones de medicamentos en los servicios de farmacia hospitalaria.

Por el contrario, faltan normas con rango de ley, tramitadas con el beneficio del debate parlamentario completo; y reales decretos que las desarrollen de forma completa. Legislar bien es complicado, y precisamente por ello es bueno que las normas se trabajen con cuidado y con finura y que, llegado el caso, se regularicen, aclaren y armonicen. Esto, precisamente, es lo que tiene que hacer el Gobierno para consolidar en un texto único las disposiciones de la Ley 29/2006; y lo tiene que hacer en los próximos meses porque el mandato conferido al efecto por la Ley 10/2013 expira antes de las próximas vacaciones de agosto.

En lo que se refiere al cumplimiento, es obvio que las normas están para ser cumplidas. Pero también es cierto que son muchas las situaciones en las que su incumplimiento queda tolerado. ¿Por qué sucede esto? En mi opinión se debe porque, frente a normas deficientes, es comprensible que el sentir general sea contrario a su aplicación estricta. ¿Es bueno que suceda? No, en absoluto.

Estar instalados en un limbo de inseguridad en el que, en cualquier momento, puede caer sobre nuestras espaldas el peso de la ley, es inaceptable en un Estado de Derecho como el que disfrutamos. Además, es del todo inaceptable que el rasero que se utilice sea distinto cuando quien incumple la norma es la Administración, cosa que, conviene recordar, sabemos que sucede con cierta frecuencia.

Legislar mejor es pues imprescindible. A la administración pública, legislar mejor le permitirá adecuar sus objetivos a sus posibilidades de actuación reales, teniendo en cuenta los medios de los que dispone. A los administrados les permitirá gozar de un entorno jurídico más adecuado a la realidad en la que operan y más predecible.

Para legislar mejor hace falta tiempo, finura y esa altura de miras que solo se logra cuando uno consigue despojarse, aunque sea solo durante un rato y parcialmente, de sus intereses individuales o corporativos.