Leído en el ‘New York Times’

Hace unos días, el New York Times publicaba una noticia interesante acerca de la reacción de muchos profesores de Harvard ante las medidas adoptadas por la Universidad en relación con la cobertura de seguro sanitario que ofrece a su personal.

El artículo empezaba afirmando que quienes durante años habían asesorado a la administración sobre cómo ofrecer cobertura sanitaria global a un coste razonable ahora se oponían a las medidas de Harvard, pese a que dichas medidas eran las mismas que ellos habían recomendado.

El refranero español está lleno de dichos que sabiamente ilustran el ridículo al que se enfrentan quienes caen en contradicciones internas. Lo curioso es que ni los ilustres profesores de Harvard se libran de ello, como demuestra la citada noticia.

Seguí leyendo el artículo hasta llegar a los números. Aquí tuve que detenerme un poco, tal vez por ser de letras, pero seguramente no sólo por eso. Con el nuevo sistema, los profesores que se quejaban pagarían 250 dólares al año más 20 dólares por cada visita al médico; y para la mayoría de los servicios sanitarios recibidos pagarían un 10 por ciento hasta llegar a un tope de 1.500 dólares por persona. En este punto hay que decir que en España, un trabajador con una base de cotización de 3.500 euros mensuales (supongo que en Harvard muchos profesores cobran más), paga al año más de 2.000 euros a la Seguridad Social por contingencias comunes (además de la cuota patronal, muy superior, que paga la empresa).

En fin, que a primera vista parece que los profesores de Harvard no deberían quejarse tanto. En todo caso, lo que me interesó más del artículo fue su comienzo, esa revelación de las contradicciones internas de los expertos en fármaco economía, políticas públicas y otras muy respetables disciplinas, que predican austeridad y otras medidas de contención hasta que les llega el turno de pagar, y entonces alzan la voz a pesar de que, de hecho, se les pide un esfuerzo muy razonable.

Esta lucha entre intereses individuales e intereses generales ha sido analizada por diferentes corrientes filosóficas. Los utilitaristas han defendido siempre que la acción del gobernante está éticamente justificada cuando logra un beneficio para la sociedad mayor que los perjuicios que pueda causar a algunos; los contractualistas se han apoyado en la idea del contrato social para justificar la pérdida de autonomía individual en favor del estado; y los liberalistas se oponen frontalmente a cualquier ataque a los derechos fundamentales (entre ellos, el derecho a la salud) pero también aceptan que las expectativas de los ciudadanos sean establecidas en normas o contratos.

Ahora que está a punto de reformarse, por fin, la normativa española en materia de precio y reembolso de medicamentos, es un buen momento para reflexionar sobre estas ideas, sobre cuáles deben ser los elementos centrales de la norma y sus objetivos irrenunciables. La posibilidad de que los pacientes accedan al medicamento, tan pronto como sea posible, una vez ha sido autorizado, es el único principio que debería ser innegociable.

El derecho al mejor tratamiento disponible es un derecho individual que debe elevarse a la categoría de interés general mediante normas claras, y que debe ser gestionado mediante procedimientos transparentes. Esperemos que los redactores de la norma tengan el acierto que exige la relevancia del asunto.