Necesitamos unas instituciones más transparentes

Cuando el pasado martes escuché en los medios de comunicación la noticia de que finalmente el Tribunal Constitucional había estimado el recurso del Gobierno central contra el polémico euro por receta pensé automáticamente que dedicaría mi columna de esta semana a este tema. Sin duda es una sentencia importantísima que, al parecer, aporta ideas de peso en relación con la distribución de competencias en materia de sanidad entre el Estado y las comunidades autónomas.

Sin embargo, finalmente he decidido no hacerlo porque la sentencia todavía no se ha hecho pública, y no creo que sea razonable hacer un comentario sobre estas cuestiones en base a una nota informativa publicada por el gabinete de prensa del Tribunal Constitucional. Diré, eso sí, que me parece penoso que el Constitucional emita una nota de prensa sobre una sentencia tan importante sin que, al mismo tiempo, el texto completo de la sentencia esté disponible para todo aquel que quiera leerlo.

Hablando de transparencia, publicidad y acceso a documentos públicos, esta semana hemos asistido a un nuevo sainete. Hace poco menos de un mes, el Consejo de Ministros analizó un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de Patentes. Desde Presidencia del Gobierno, como es habitual, se emitió lo que en La Moncloa llaman una referencia del Consejo de Ministros, una breve nota en la que se dan unas pinceladas sobre la cuestión. Al igual que sucedió esta semana con la nota informativa de la sentencia del euro por receta publicada por el gabinete de prensa del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación preparan sus informaciones sobre los acuerdos del Consejo de Ministros en base a estos documentos, y lanzan una noticia cuya vida, ya se sabe, es efímera.

Todos aquellos que, tras leer la referencia del Consejo de Ministros publicada el pasado 11 de abril tuvieran interés en acceder al anteproyecto de Ley de Patentes lo tenían bastante difícil hasta el lunes pasado. Mientras en la página web del Ministerio de Justicia el texto seguía sin aparecer (y a día de hoy sigue sin hacerlo), algún miembro de la Oficina  Española de Patentes y Marcas puso la directa y dio publicidad al mismo. Quien fuese que tuvo la idea de publicar el citado texto pensó que le convenía protegerse, y la nota publicada empieza señalando que la Oficina de Patentes y Marcas actuaba siguiendo los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La nueva Ley de Patentes inicia su recorrido con la idea de fomentar y proteger la innovación en España. Es una buena idea, que también debería calar en el terreno jurídico y administrativo. Fomentar y proteger la innovación en la forma de actuar de la administración, en el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, es algo que por lo que debemos apostar sin dudarlo. La ya aprobada ley de transparencia, que entrará en vigor el año próximo, va en esta dirección. Ahora toca dotar de recursos a la administración, para que pueda adaptarse a las exigencias de la sociedad de la información; y al mismo tiempo liberarse de algunos prejuicios pasados. La semana que viene, espero, les hablaré de la sentencia del euro por receta.