Un proyecto en vía muerta

Se agota la legislatura. Y con ella, parece cada vez más obvio, la posibilidad de que asistamos en las próximas fechas al nacimiento del nuevo real decreto que regulará inclusión de medicamentos y productos sanitarios en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

El proyecto destinado a consagrar estas nuevas reglas del juego ha debido transitar un largo y arduo camino hasta llegar hasta aquí para terminar encallando incomprensiblemente en el último suspiro. Voces autorizadas del ministerio ya venían anticipando tiempo ha que difícilmente vería la luz en la actual legislatura, aunque este secreto a voces no ha impedido que se siguiera adelante su tramitación y se haya sometido recientemente al trámite de audiencia del sector. Cabe preguntarse qué sentido tiene entonces haber desperdiciado tanto tiempo y esfuerzo en un proyecto normativo, imprescindible para la seguridad jurídica y la estabilidad del sector, es verdad, respecto del que sin embargo no parece existir una voluntad política firme de llevarlo a buen puerto cuanto antes. Especialmente porque no sería de extrañar que un nuevo equipo ministerial decida reiniciar el proceso desde el principio al no considerar suyo el proyecto actual. En definitiva, una estrategia sumamente errática que pone en evidencia, más si cabe, la forma expeditiva con la que se procedido a regular a golpe de decreto-ley algunas cuestiones sumamente delicadas respecto de las que no hubiera ido mal un poquito más de reflexión.

Por otro lado, si queremos ver el vaso medio lleno, esta situación constituye una oportunidad de oro para repensar y pulir algunas aristas del proyecto actual que tampoco parecen haber sido objeto de toda la reflexión que hubiera sido deseable. Especialmente en lo que a su enfoque se refiere. Antes que desarrollar y concretar los criterios con los que las autoridades sanitarias decidirán el contenido de la cartera farmacéutica, el actual proyecto parece más bien prioritariamente dirigido a blindar a la administración frente a los problemas que se avecinan en el contexto del sistema de precios de referencia por la liberalidad con la que se han constitución los últimos conjuntos, agrupando de forma arbitraria principios activos y vías de administración diferentes con el objetivo de maximizar los ahorros, aunque a costa de la seguridad jurídica. Una determinación, sin embargo, que se echa en falta a la hora de blindar el famoso informe técnico de evaluación y su carácter vinculante frente a las autoridades regionales. Tampoco parece que deba ser el objetivo de este proyecto introducir de forma subrepticia limitaciones a la información que pueden recibir los médicos del sistema público de salud sobre nuevos desarrollos e indicaciones terapéuticas, que impedirían el acceso a esta información por el mero hecho de no haber sido incluidos en la financiación pública. Un terreno en el que se bordea peligrosamente el terreno de la censura y los límites de las normas comunitarias en la materia.

Por último, tampoco debe olvidarse que la futura reglamentación abordará por primera vez en detalle la situación de los productos sanitarios, por lo que no se entiende que siquiera se haya previsto un régimen transitorio para la entrada en vigor de los nuevos márgenes de la distribución y dispensación de estos productos, que venían siendo fijados de forma suficientemente eficiente y racional por el propio juego del mercado. O, para el caso, que se pretenda negar la inclusión en la financiación de estos productos por el hecho de haber sido publicitados entre el público durante el año anterior, cuando lo cierto es que la ley dispone que los productos que se financien no se podrán publicitar, y no al contrario.

Toda una batería de cuestiones polémicas, para las que la falta de determinación a la hora de impulsar el proyecto actual puede suponer sin embargo una oportunidad de oro para reconducirlas a terrenos más racionales. Confiemos en que esta vez no se desaproveche la oportunidad.